Los datos del último estudio sobre la Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad realizado por el Observatorio de la Nutrición y de estudio de la Obesidad de la AESAN, Aladino 2023, exponen una vez más que la vulnerabilidad y la precariedad económica van de la mano.
La muestra representativa de 12.678 escolares de 6 a 9 años revela la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil que padecen los menores; su evolución y su asociación con distintos factores socioeconómicos relativos al entorno escolar y familiar.
A pesar de que las cifras muestran que se ha producido un ligero descenso de 4,5 puntos porcentuales en escolares con exceso de peso entre 2019 y 2023, la prevalencia de obesidad y sobrepeso se mantienen más alta en entornos familiares con ingresos brutos inferiores a 18.000 €/anuales, lo que supone una potencial cronificación del exceso de peso asociado a situaciones de vulnerabilidad y precariedad económica.
Si bien siete de cada diez escolares desayunan todos los días algo más que una bebida, en el caso de familias con rentas más bajas la diferencia alcanza 17 puntos porcentuales menos con respecto a las rentas altas. Los peores hábitos alimenticios también se multiplican en el caso del consumo de refrescos azucarados más de 3 días a la semana, en un 8% más, y un menor consumo diario de frutas y verduras.
Los menores con rentas más bajas realizan menos actividad física, menos actividades extraescolares y dedican más tiempo a conectarse con las pantallas, llegando a duplicarse su porcentaje con respecto al de los menores pertenecientes a familias de nivel medio/alto, un 41,4 frente al 22,8%.
Mientras que el estudio observa una ligera tendencia a la disminución del exceso de peso en los escolares pertenecientes a familias con más renta, la reducción de la obesidad es mucho menor y no se aprecia apenas disminución en el nivel más bajo de renta. Una realidad que evidencia la consiguiente repercusión para su salud, presente y futura, respecto a los menores procedentes de familias con rentas medias y altas.
Una de sus conclusiones finales es el reconocimiento de que las características económicas de las familias marcan y condicionan la salud de estos menores, subrayando la necesidad de que las administraciones públicas desarrollen políticas que aseguren unas pautas de alimentación saludables universales para toda la población, con especial incidencia en las franjas más tempranas de la sociedad.
En esta línea, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy ha destacado que su ministerio continúa trabajando para que el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que presumiblemente entrará en vigor el próximo curso escolar, convierta los colegios en espacios de hábitos saludables y de lucha contra la desigualdad.
