Imserso Ceuta reconoce retrasos de hasta un año en la resolución de expedientes de discapacidad
/ No ha sido posible cubrir la baja laboral del médico del equipo de valoración por falta de profesionales en la lista del SEPE
/ Resulta inquietante que se resuelvan expedientes sin la debida consideración médica
La Asociación de Consumidores Halal de Ceuta, ACOHACE, remitió un escrito a la Dirección Territorial del Imserso en Ceuta solicitando información sobre la situación de los expedientes de discapacidad, dado que viene recibiendo quejas de usuarios por la demora en la resolución de sus expedientes.
La Dirección Territorial respondió diciendo que la situación en Ceuta es similar a la de Melilla, así como que algo mejor que en Asturias y Andalucía, “donde los tiempos de valoración superan los tres años”. Los usuarios expresan su malestar con esta situación de retraso. Incluso las renovaciones vienen sufriendo tardanzas extenuantes.
La mención a Asturias y Andalucía, con tres años de media para resolver un expediente de valoración no encaja con los datos de la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis), que los cifra en año y medio.
Castilla y León es la comunidad en la que en menos tiempo se resuelve un expediente de discapacidad, entre dos y tres meses. La media en el resto de comunidades oscila entre los 10 y 11 meses. Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana están en torno a una media de 18 meses. También sobrepasan el año en valorar la discapacidad Murcia, con 15 meses, y Baleares, Galicia y Castilla-La Mancha, con 14 meses cada una.
Ceuta ocupaba un puesto privilegiado hace unos años (3,5 meses) por delante de País Vasco (4 meses). También cuentan con menos de un año, Navarra (6 meses); Aragón (7,6 meses); Madrid (8,3); Cataluña (8,5) y Extremadura (9).
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE, considera los retrasos como “inaceptables”. Para COCEMFE la media nacional, que se sitúa en 10,4 meses, resulta “excesiva, pero es que en muchas comunidades se tarda más de un año en obtener el certificado”. La organización tiene en cuenta el impacto de la pandemia, con los meses de confinamiento y la adopción de medidas de seguridad hizo que aumentara la lista de espera, así como el tiempo en dar la valoración en materia de discapacidad. Aunque como resaltan desde la entidad, la situación “viene de muy atrás”.
Al conocer estos datos, muchas CCAA tienen la intención de agilizar el proceso para que no sea tan tardío. “Han puesto en marcha planes de choque”, como asegura el presidente de COCEMFE en Valencia. Por último señala que las CCAA deben realizar “una restructuración urgente. Es preciso ejecutar una reclasificación de los puestos de trabajo. Todo ello con el objetivo de obtener una mejor coordinación entre los distintos servicios y la obligación legal de resolver el expediente en tres meses”
En Ceuta las cosas van de mal en peor. De tres meses han pasado a un año, tiempo que se puede extender aún más. Resulta inquietante que sin médico para realizar valoraciones se puedan resolver expedientes con las máximas garantías para sus solicitantes.
Hace unos días conocíamos el caso de un chico de 21 años aquejado de un síndrome, cuyos padres habían solicitado una revisión por empeoramiento. La solicitud iba acompañada de un extenso informe de un gabinete de psicólogos peritos judiciales, así como informe de psiquiatra y otro de endocrino, todos ellos reafirmando las condiciones psíquicas del muchacho. Una llamada de una trabajadora social de Imserso Ceuta a los padres del chico para decirles que habían resuelto darle “cero”, es decir, en vez de aplicar procedimientos escritos, se rigen por llamadas telefónicas para comunicar resoluciones que deberían mantenerse conforme a los obligados administrativos.
La trabajadora social hacía hincapié en que el solicitante había podido sacar un título de formación profesional básica, y que eso era “un indicador suficiente”, es decir, que para esta trabajadora social una persona con discapacidad no puede aspirar a mejorar su formación y adquirir nuevos conocimientos. Todo esto produce inquietud a la hora de pensar en si los distintos servicios están coordinados entre sí o bien que cada uno va por libre y sin valorar prudentemente la documentación que los peticionarios aportan.
Los padres de la persona afectada están a la espera de recibir notificación oficial para seguidamente acudir al Juzgado.