Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil
/ Existen tres colectivos particularmente afectados por la pobreza infantil: la infancia migrante, la gitana y aquella perteneciente a familias monomarentales
/ Se contempla la aprobación de la Prestación Universal por Crianza para familias con menores de 6 años
Con el fin de mejorar las condiciones de vida de las familias con menos recursos y erradicar la pobreza infantil la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego ha invitado a las comunidades autónomas a implicarse activamente en el Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil.
La situación de pobreza infantil en nuestro país es un fenómeno estructural que se transmite de generación en generación cuya erradicación urge abordar sin más dilación pues tal y como señaló la ministra “tenemos las herramientas, tenemos la riqueza, solo necesitamos voluntad política”.
El diagnóstico del que parte el ministerio concluye que existen tres colectivos particularmente afectados por la pobreza infantil: la infancia migrante, la gitana y aquella perteneciente a familias monomarentales. En concreto, el 89% de la infancia gitana vive en familias con algún tipo de afectación de la pobreza. Además, una niña o niño migrante multiplica por 2,4% las posibilidades de acabar en situación de pobreza. Respecto a las familias monomarentales, éstas presentan un riesgo de pobreza 20 veces superior de la media (un 27,4 frente a un 47,3%).
Considerando la pobreza como una violencia hacia quienes la padecen, la ministra ha recordado que es necesario que, como sociedad, “tomemos conciencia sobre las violencias contra la infancia y aprendamos a reconocer sus señales. No es un asunto privado”. “La protección a la infancia no puede ser voluntaria, no puede ser opcional”, ha zanjado.
La lucha contra las violencias hacia la infancia y la adolescencia es otra de las prioridades del Ministerio de Juventud e Infancia, que trabaja para la implementación completa de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Una de las medidas que se están debatiendo es la implantación de la Prestación Universal por Crianza para familias que pretende dotar con 200 euros mensuales a las familias con hijos menores hasta los seis años de edad, que iría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.